l Gobierno encabezado por el presidente Javier Milei, a través del ministerio de Capital Humano, dio a conocer este miércoles los vouchers educativos destinados a los estudiantes que asisten a escuelas privadas.
Esta medida, que constituyó un componente esencial de la campaña del mandatario libertario, propone un esquema de vouchers educativos como alternativa para la financiación de la educación privada.
Aunque se destaca que este anuncio no implica, por el momento, una privatización total de la educación, se presenta como un alivio para la clase media.
Los vouchers educativos representan un mecanismo de “asistencia” dirigido a las familias de clase media, diseñado para ayudar a cubrir los costos de las cuotas escolares en colegios privados.
Funcionan como una suerte de “beca” destinada a financiar a aquellos que ya envían a sus hijos a instituciones educativas privadas.
La implementación de este programa se formaliza a través de la Resolución 61/2024, mediante la cual se busca “subvencionar la demanda y no la oferta”, evitando así que los estudiantes deban cambiar de institución educativa debido a aumentos en los costos de la matrícula o las cuotas mensuales.
Este anuncio se produce en un contexto de incremento significativo en los costos de las escuelas privadas, tras la desregulación impulsada por el mismo gobierno.
El voucher tendrá un tope de $27.198 por hijo. El programa está dirigido a familias de clase media cuyo ingreso no exceda el equivalente a siete salarios mínimos vitales y móviles. Además, la escuela debe recibir al menos el 75% de aporte estatal para ser elegible para el programa y una cuota que no supere los $54.396.
El ingreso familiar no debe ser superior a siete salarios mínimos, vitales y móviles, es decir, $1.419.600 a marzo.
El Estado proporcionará un subsidio del 50% del valor de la cuota programática de jornada simple de cada nivel educativo, informada por cada Jurisdicción o estimada por la Secretaría de Educación en función de casos testigo.
La viabilidad y eficacia de los subsidios educativos para aliviar la carga financiera de la clase media aún están por determinarse, y no se han detallado los procedimientos para que las familias reciban esta prestación temporaria.
Con aproximadamente 2,4 millones de alumnos en instituciones educativas privadas que reciben aporte estatal, este programa podría tener un impacto significativo en la educación privada en Argentina, aunque su implementación y efectividad aún están por verse.
La resolución firmada por Sandra Pettovello allana el camino para este innovador programa que busca transformar el acceso a la educación privada en el país.
Las familias que quieran acceder al beneficio deberán completar un formulario disponible en argentina.gob.ar, desde el 3 hasta el 30 de abril, donde deberán incluir el CBU donde se acreditará el dinero e informar el establecimiento educativo.
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