La Cámara Federal de Rosario revocó una resolución de primera instancia que impedía continuar la investigación de la muerte en 1977 del obispo de San Nicolás Carlos Ponce De León, juzgada durante la última dictadura como un accidente de tránsito.
De esta manera el juez del caso ahora debería llamar a declaración indagatoria a los acusados por el homicidio, según informaron fuentes judiciales.
La sala "B" de la Cámara rosarina revocó un fallo de primera instancia del juez federal Marcelo Bailaque, quien en agosto de 2021 había dispuesto no hacer lugar a la "nulidad por cosa juzgada írrita " planteada por el fiscal federal nicoleño Matías Di Lello, paso necesario para poder avanzar en las indagatorias a los acusados por el homicidio del obispo.
La muerte de monseñor Ponce De León, ocurrida a las 6:30hs del 11 de julio de 1977 en la ruta nacional N°9, en jurisdicción de la ciudad de Ramallo, fue juzgada durante la dictadura como homicidio culposo en accidente de tránsito.
Según la sentencia, que fue confirmada por una Cámara nicoleña, Luis Antonio Martínez era el conductor de la camioneta Ford F-100 contra la que colisionó el Renault 4 conducido por el obispo, que iba acompañado por su asistente Víctor Martínez, aquella mañana de niebla y lluvia.
Por pedido del entonces fiscal federal de San Nicolás Juan Patricio Murray, la causa fue reabierta en 2004 por el juez de esa jurisdicción, Carlos Villafuerte Ruso, para ser investigada como un posible crimen de lesa humanidad urdido por las autoridades militares de esa ciudad bonaerense durante la última dictadura.
La investigación posterior, seguida por el fiscal Di Lello, permitió descubrir, según la fiscalía, una serie de "irregularidades" en la causa provincial que juzgó la muerte de Ponce como accidente de tránsito.
Di Lello pidió entonces las indagatorias del por entonces mayor del Ejército y jefe de Inteligencia del Área 132 Antonio Bossié; del entonces capitán Bernardo Landa; del mayor Omar Andrada; de Luis Martínez; y de Carlos Bottini, directivo de la firma Agropolo SA y propietario de la Ford F-100.
Según explicó a Télam, Murray, ahora fiscal de la unidad de causas de lesa humanidad, para producir las indagatorias era necesario que el juez Bailaque declarara la nulidad "por cosa juzgada írrita" de la sentencia de 1977 que condenó a Martínez, quien de no ser así podría argumentar que es juzgado dos veces por el mismo hecho.
Bailaque rechazó ese planteo al argumentar que no existía prueba nueva y contundente para declarar nula aquella sentencia, fallo que fue revocado este jueves por la Cámara Federal de Rosario.
De esa manera, Murray señaló que ahora el juez Bailaque debería llamar a indagatoria a los imputados por el fiscal Di Lello por su presunta participación en el asesinato de Ponce De León.
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