En 2002, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) instituyó el 12 de junio como la fecha para poner en relieve la grave situación de los niños, niñas y adolescentes, y concentrar la atención en las medidas para erradicar su explotación laboral.
Las estimaciones globales de la OIT y UNICEF muestran que aún trabajan más de 160 millones de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años. En el actual escenario de crisis, esa cifra podría aumentar en 8,9 millones para fines de 2022.
En Argentina, 1 de cada 10 niños y niñas de áreas urbanas realiza al menos una actividad productiva, lo que impacta directamente en la inasistencia escolar. En las áreas rurales, ese número se duplica. La situación es más grave para las y los adolescentes de 16 y 17 años: son 3 de cada 10 quienes trabajan en áreas urbanas y 4 de cada 10 lo hacen en áreas rurales. La categoría con indicadores más altos, el trabajo doméstico intensivo, afecta en especial a las niñas y adolescentes.
La pandemia profundizó este problema social. A finales de 2021, entre las y los adolescentes que realizaban alguna actividad laboral orientada al mercado, 7 de cada 10 habían comenzado a realizarla desde el inicio de la cuarentena, según un relevamiento de UNICEF, realizado con el apoyo de la OIT y del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social.
La erradicación efectiva del trabajo infantil requiere de un abordaje integral, mediante políticas públicas complementarias en las áreas de educación y salud, como las medidas dirigidas a mejorar los sistemas de cuidado. Asimismo, es fundamental impulsar políticas que promuevan el trabajo decente para todas las personas adultas.
De esta manera, es necesario continuar apoyando y fortaleciendo las políticas de protección de ingresos dirigidas a la niñez en Argentina, como herramientas efectivas para promover el acceso y el cumplimiento efectivo de sus derechos y mitigar vulnerabilidades socioeconómicas asociadas al trabajo infantil.
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