El artículo N° 1 de nuestra Constitución Nacional, define nuestra forma de gobierno y la característica del Estado. Dice que nuestra forma de gobierno es representativa republicana y que el Estado se organiza de manera federal. Que el Estado sea federal, fue la culminación de décadas de enfrentamientos fraticidas, entre unitarios y federales, partidarios de la centralización los primeros y del mantenimiento de las autonomías provinciales los segundos.
Que la forma de gobierno sea, representativa republicana es la esencia que debe imperar al interior del Estado.
Montesquieu, en su clásica obra del siglo XVIII, “El espíritu de las leyes”, realiza un trabajo comparativo entre los diversos sistemas políticos y, dejaba establecido que en el caso de las repúblicas, debía existir, para que pudieran desarrollarse de manera exitosa, una combinación de austeridad en los funcionarios y de formación en los ciudadanos.
Nuestro país, la República Argentina, está formalmente en emergencia económica. Así lo declara la ley 27.541, denominada “de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública” sancionada en diciembre de 2019; y mediante la cual se delegan en el poder Ejecutivo, atribuciones propias del poder Legislativo. Ahora bien, en el marco de esa “emergencia económica” sale a la luz una nueva discusión sumamente pertinente, y cívicamente responsable, que es la vinculada al manejo de los dineros públicos.
La pandemia provocada por el Covid-19 sobrevino sobre el país empobrecido. En la Argentina actual, el año 2020 se iniciaba con una pobreza que alcanzaba al 35.5% de las personas, según los datos oficiales. Más de un tercio del país no tiene los ingresos suficientes para alcanzar a cubrir lo que el INDEC denomina “un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales”. Desde ese entonces, el contexto socioeconómico ha empeorado. La actividad económica se ha derrumbado en el primer trimestre, suspensiones, despidos, recortes salariales convenidos entre sindicatos y empresas, etc; en definitiva, diversas situaciones que convergen en una espiral cuyas consecuencias últimas se tornan muy difíciles de prever, tanto en lo social, en lo económico y naturalmente en lo político.
El Gobierno Nacional se financia, en general, a partir de 3 vías. A) Cobra impuestos, B) emite billetes o C) se endeuda.
Cualquiera de ellas tiene un impacto muy grande para la sociedad, pues implica en el primero de los casos, la transferencia por “imperium” de dinero de particulares al Estado, la segunda, que es la emisión monetaria pone en riesgo el valor de la moneda, y la tercera general compromisos de pago, a futuro (una deuda es habitualmente definida como un adelantamiento de consumo). Eso implica que el Estado recauda para gastar, ¿gastar en qué?
En nuestro país, todos los años el Poder Ejecutivo debe enviar en el mes de septiembre al Congreso de la Nación un presupuesto de ingresos y gastos para el año siguiente. En ese enorme volumen se incluye detalladamente en qué va a gastar el Estado y de dónde va a obtener el dinero para hacerlo. Pero la realidad indica que ese presupuesto se ha visto transformado más en una formalidad que en una proyección real.
En Argentina, según investigación del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, existen actualmente 166 impuestos en los diferentes niveles del Estado y que representan un 29.4% del PBI, una cifra fabulosa que los ciudadanos y las empresas ponen en los bolsillos del Estado para que disponga el gobierno y satisfaga las necesidades sociales a su cargo.
Ahora bien, los representantes del pueblo argentino, son representantes de un país empobrecido, por lo que debe existir una relación entre los salarios medios de la economía y los que perciben los representantes. Durante los últimos meses, desde la asunción del presidente formal, Alberto Fernández, el PEN ha insistido en la idea acerca de la existencia de sectores que debían hacer un “esfuerzo extra” para, de esta manera, continuar fortaleciendo las arcas estatales. Una sucesión de escándalos vinculados a la designación de familiares y allegados…
Un diputado nacional percibe en promedio $215.000 pesos mensuales. Los ministros del Poder Ejecutivo oscilan en torno a los $250.000. A eso debe sumárseles otros beneficios como suele ser el catering, coches, choferes, pasajes… y hasta ¡peluqueros! .Mientras que la remuneración bruta promedio del sector privado asciende a $ 44. 266 (según últimos datos oficiales del Ministerio de Trabajo de la Nación), lo que implica que una vez efectuados los descuentos el trabajador registrado promedio del sector privado en Argentina recibe unos $ 35.266,80 (treinta y cinco mil doscientos sesenta y seis pesos con ochenta centavos), con los cuales el ciudadano argentino debe hacer frente a la satisfacción de necesidades, es decir adquirir bienes y servicios que tienen una carga impositiva que ronda (por variaciones regionales) entre el 50 y 60% del precio que paga el consumidor.
Aquí es donde podemos apreciar las diferencias existentes entre representantes y representados. Mientras que el trabajador argentino gana unos 35 mil pesos, sus representantes nacionales ganan de manera aproximada unas 7.5 veces más. Esta es la brecha que hace difícil hablar de una debida proporcionalidad republicana en las remuneraciones percibidas por representantes y representados. Existe un hiato difícil de salvar cuando ante el agravamiento de la existente crisis económico y social preexistente al coronavirus ( y que la sobrevivirá indudablemente) desde las altas esferas del poder se pide un esfuerzo al sector privado, que incluyó la abiertamente antipopular medida de restitución del IVA a los productos más esenciales de la canasta básica; al mismo tiempo, los altos cargos autojustificaban sus ingresos con argumentos tales como “no nos podemos rebajar pues vivimos del sueldo” cuyo corolario lo constituye la doctrina que desnudó el senador Carlos Caserío, al afirmar, sin ruborizarse que “la clase política no es la que hace el esfuerzos, es la que dicta normas”. El pensamiento expresado en la síntesis del político cordobés constituye una fundamentación elitista (pues se reconoce como clase), antipopular (se reconoce como exenta de esfuerzos en emergencia nacional) y que por eso mismo excluye de su seno todo atisbo de ética republicanismo.
El gobierno del izquierdista Andrés Manuel López Obrador en México, ha traído a la discusión pública de su país un concepto que, como era de esperarse, ha tenido muy poco eco entre sus pares latioamericanos. AMLO (como es popularmente conocido el presidente mexicano) introdujo una serie de medidas tendientes a hacer realidad lo que él denomina la “austeridad republicana”. Que según explica, no implica un retraimiento del Estado de las áreas sensibles, como educación o salud, sino gastar de manera responsable casa peso obtenido de la sociedad, evitando la duplicación de estructuras burocráticas, procesos pocos transparentes de compras y contrataciones, limitación de celulares, en suma privilegios de la clase dirigente, porque invariablemente el peso que se malgasta en un lado, falta en otro sitio, es decir, a más contrataciones de familiares en las estructuras burocráticas, menos respiradores en los hospitales.
Esta “austeridad republicana” de la que nos habla López Obrador, no es más que una vuelta a la esencia de la República. Constituirse en un representante del pueblo, es un servicio público que conlleva intrínsecamente los más altos honores posibles dentro de la ética republicana; valerse de esa posición de poder para obtener beneficios personales es prostituir esos valores e implica un quebrantamiento de la esencia que da origen a esa forma de gobierno. Esta creación de privilegios de clase, en nuestro país queda expuesta, como hemos visto a la hora de analizar la brecha salarial existente entre quienes se desempeñan en el sector privado de la economía nacional y quienes detentan un cargo de funcionario público.
La realidad, ese objeto de estudio de nuestras ciencias sociales, nos indican que en nuestro país se ha conformado en torno al sector público una situación de múltiples privilegios, de diversa índole, pero fundamentalmente económica, y que hace insalvable cualquier intento de explicación entres quienes dicen pertenecer a un gobierno populares, en un país con 35.5% de hogares pobres, un 35% de trabajo informal (en negro), una tasa de inflación que se ubica entre las más altas del mundo, etc. Sostener bajo cualquier argumentación o relativizar el mal manejo de los fondos públicos, constituye una grave afrenta a los principios republicanos y claro está democráticos y especialmente: justicialistas. A la luz de esta doctrina política, cada centavo malversado o utilizado de manera espuria en sostener privilegios de (nueva) clase (privilegiada) es un centavo que se le quita a la realización de la justicia social; es en suma, un peso robado a los pobre, al descamisado que se dice particularmente representar, pues de su aporte no recibirá más que humillación. En el otro extremo del otrora fuerte bipartidismo argentino, la Unión Cívica Radical debía a la inclaudicable e innegociable defensa de los valores cívicos-republicanos su propio nombre, eran “radicales” porque eran defensores a ultranza y sin concesiones de la República; en tal sentido, don Hipólito Irigoyen señalaba en “Mi vida y mi doctrina”, editado en 1923, que “no sólo se debe organizar el gobierno técnica y administrativamente para manejar los negocios del Estado, sino que debe ser una escuela de educación política”. Una vez más conducta de dirigentes vinculada a la ética.
Solía advertir Maquiavelo, que el fin de la República romana, estuvo dado por la indolencia hacia los asuntos públicos. Cuando el pueblo (y el Senado) se fueron desentendiendo del quehacer cotidiano del gobierno, este mismo pueblo, advierte con agudeza Friedrich, era quien pagaba los mercenarios que tiranizaban la patria y a los “representantes” que la vendían… Vemos por ello pertinente no esquivar esta discusión, sino incluso promoverla, especialmente en tiempos de excepción.
*Lic. Sebastián Arias
Baglietto Vitale presentan “Ahora, Rock”