Esta semana nos encontramos con la triste noticia de que el gobierno nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social, había suspendido 70.000 pensiones, dejando sin ingresos y cobertura médica a gran parte de las personas con discapacidad en Argentina.
Luego de un entrecruzamiento de datos entre el Ministerio y ANSES, decidieron dar de baja, sin previo aviso, las pensiones. El gobierno justifica esta medida arbitraria, a través del decreto 432 que dictaminó Carlos Menem en 1997, que contradice la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, con jerarquía constitucional en Argentina desde el 2014.
En este sentido, la Convención reconoce que las personas con discapacidad son sujetos de derechos y no objetos de asistencialismo, por ende, es inadmisible que el oficialismo entienda a las pensiones como una asistencia y no como un derecho.
Al margen de este hecho inconstitucional, el gobierno ha resuelto de forma general, sin tener en cuenta cada caso concreto, lo que representa un claro avasallamiento sobre los derechos de las personas con discapacidad.
Según el planteo del gobierno, hoy en Argentina para poder percibir una pensión por discapacidad, prácticamente hay que ser indigente, es decir, no tener ningún tipo de ingreso directo e indirecto a través de un familiar. Las personas con algún tipo de discapacidad pasan, entonces, a ser beneficiarios de una asistencia y no portadores de un derecho legítimo, con resguardo constitucional, y además, pierden su autonomía económica como sujetos de derecho. Por eso, es importante ser claros: con esta decisión, el Estado argentino, asume que las personas con discapacidad son objetos a ser tutelados y no, como lo manifiesta la Convención Internacional, sujetos de derecho.
Con este panorama, desde el Frente Renovador, con las firmas de Sergio Massa y Daniel Arroyo y bajo el patrocinio del Dr. Claudio Espósito, se interpuso un recurso de amparo para declarar inconstitucional el decreto 432/1997, con el que se valió el Gobierno para dar de baja las más de 70 mil pensiones.
Estamos convencidos que la única forma de frenar este atropello contra los derechos de los más vulnerables es por la vía judicial y confiamos en que la justicia esté a la altura de las circunstancias, porque necesitamos que las pensiones se devuelvan todas de forma inmediata.
Esta decisión no es una decisión aislada, constituye una forma de hacer de un gobierno improvisado, que observa a las personas como números, y que no aplica reparos al momento de dejar sin contención a miles de argentinos.
Y creo que este error del gobierno también nos plantea un desafío a todos, que es poner en discusión el tema de la discapacidad en Argentina y también en San Nicolás, donde hace tiempo venimos reclamando por mejoras generales.
El desafío, para vivir en una sociedad más justa e inclusiva, además de restituir inmediatamente este derecho, es pensar en mecanismos de acceso al trabajo y a la educación en escuelas comunes y controlar el cumplimiento de las leyes por parte de las obras sociales y las prepagas.
De lo contrario, más allá del derecho económico, seguiremos siendo testigos de un Estado que no incluye en su totalidad, que no ofrece puentes para las familias que conviven a diario con la discapacidad, y que sostiene como paradigma de la inclusión el ajuste de los números y no la dignidad de las personas.
Por Lisandro Bonelli
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