Los actos discriminatorios antisemitas - que en nuestra legislación penal constituyen graves delitos -, perpetrados por alumnos del Colegio de la Sociedad Escolar y Deportiva Alemana Lanús Oeste, en detrimento de alumnos de la Escuela Técnica ORT de Capital Federal, acaecidos días pasados en una discoteca de la ciudad de San Carlos de Bariloche, no sólo deben ser firmemente repudiados, sino que también deben constituir un nuevo llamado de atención ante acciones y comportamientos neonazis que vienen desarrollándose en forma continua y en diferentes sitios de la república.
Por caso, en la Provincia de Buenos Aires, no son pocos los sucesos de esta naturaleza que han sido denunciados. Sólo por recordar algunos de ellos, tal los hechos ocurridos en la ciudad de Mar del Plata y cuya autoría correspondería al accionar de bandas como la "Agrupación Bandera Negra", "Los Pampillón", el "Foro Nacional Patriótico (Fo.Na.Pa) y "La Giachino", entre otras, cuyos métodos de delinquir presentan una clara base ideológica de tinte neonazi, homofóbico y xenófobo.
Ante este panorama, que es claramente palpable; y más allá de que quien debe investigar, probar y condenar este tipo de actos, en su caso, es el Poder Judicial; la visión oportuna y previsora del legislador ha hecho que, en nuestra provincia, el Senado que integro, haya sancionado un Proyecto de Resolución de la Coalición Cívica - de autoría del Senador José Andrés De Leo, que acompañé firmando como coautora -, creando la Comisión Especial de "Seguimiento y Control de Grupos Racistas, Xenófobos y/o de Orientación Neonazi".
Según reza el texto aprobado, el objeto de la Comisión Especial es “llevar a cabo un análisis minucioso de la constitución, actividades, difusión de contenido ideológico y vinculaciones que dichos grupos o agrupaciones desplieguen en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, evaluando todas aquellas variables referidas a la comisión de delitos e infracción de normativas vinculadas a actos de discriminación de personas e imposición de ideologías”. Asimismo, “La Comisión deberá formular las denuncias penales y/o administrativas por ilícitos que podrían surgir de sus actuaciones”, entre otras cuestiones.
En el convencimiento de que una sola herramienta no conseguirá erradicar este tipo de lacra social, repetida a lo largo de la historia y en diferentes modalidades, sí coadyuvará a poner en agenda, no sólo de los órganos estatales responsables de hacer cumplir la ley y de garantizar el efectivo goce de los Derechos Humanos, sino también de la comunidad toda.
Sin embargo, si este tipo de instrumentos institucionales no va acompañado de un firme cambio en el campo educativo y cultural, que privilegie el conocimiento, el respeto hacia el prójimo, el valor del esfuerzo, los beneficios del cumplimiento de las normas, entre otros, seguiremos lamentándonos y horrorizándonos ante la repetición de hechos como los de Bariloche.
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