El principal referente del PRO en San Nicolás, Dr. Pablo Del Litto, dio a conocer sostuvo la posición del partido en delicado tema.
A casi cinco años del comienzo de este gobierno y pese a las promesas electorales, aún se encuentra pendiente de solución un problema tan delicado e importante como lo son las condiciones ambientales de la zona sur de la ciudad frente a la actividad portuaria.
El reclamo principal de los vecinos y ONG’S involucradas en el tema, consiste en conocer con certeza el grado de afectación del medio ambiente que produce la manipulación de agroquímicos en la región del puerto de nuestra ciudad, y el riesgo en la salud de la población que a raíz de dicha actividad se puede generar.
Lo cierto, es que a pesar del tiempo transcurrido, no existe ningún estudio definitivo al respecto y la incertidumbre continúa amenazando la tranquilidad de muchos nicoleños; y esto sólo puede concebirse ante dos hipótesis: o bien el gobierno no tiene interés en saber qué sucede, o existe una cadena de inoperancia y desidia que han impedido hasta el presente dar esas certezas que tanto se reclaman.
Varios interrogantes abre esta cuestión; quien va a asumir la responsabilidad ante eventuales desastres sanitarios o ambientales?, la ciudad está preparada para responder oportunamente frente a riesgos o amenazas tóxicas o epidemiológicas u otro tipo de catástrofes?
Resulta inadmisible a esta altura que todavía se encuentre pendiente un concienzudo estudio ambiental de la zona sur, aun cuando sea para descartar la existencia de impacto ambiental de la actividad portuaria, pues en estos casos, se debe actuar con celeridad, atento las consecuencias irreversibles que podrían suscitarse.
Dilaciones e inacción, son una constante en el tratamiento de esta problemática, a lo que se suma la indiferencia de gran parte de la sociedad que por el momento no se encuentra afectada, extremo que no debe constituir una excusa del estado para eludir sus deberes.
Ya ha transcurrido un tiempo por demás de prudencial, que a esta altura parece un acto de irresponsabilidad más que una demora; se necesitan certezas en forma inmediata y quien debe brindarlas es el gobierno.
La última opción se encuentra en manos de la Justicia, que resulta en definitiva quien puede exigir coactivamente al Estado el cumplimiento de sus obligaciones.