El fiscal federal de San Nicolás, Matías Di Lello, firmó un pedido de colaboración al Estado Vaticano para que proporcione información a la investigación judicial sobre la muerte del obispo de esta ciudad, Carlos Horacio Ponce de León. El religioso falleció en un supuesto incidente de tránsito ocurrido el 11 de julio de 1977, en el que además sobrevivió el acompañante Víctor Oscar Martínez.
La solicitud del representante del Ministerio Público es el primer pedido de colaboración a la Santa Sede desde que el Papa Francisco impulsó cambios en el código penal y de procedimientos penales de ese Estado y será remitida mediante un exhorto internacional.
"Este Ministerio Público Fiscal entiende que el referido accidente en realidad podría tratarse de un atentado pergeñado por las autoridades militares de la región, por cuanto existen pruebas claras de que Monseñor Ponce de León era objeto de operaciones de inteligencia por parte de la dictadura cívico-militar, así como también que en dicho contexto recibía cuantiosas amenazas de muerte, todo ello en virtud de la ayuda, contención y defensa que el mismo profesaba respecto de personas y/o grupos de personas perseguidas o desaparecidas por cuestiones políticas, gremiales, sociales y/o religiosas", refirió el fiscal en el pedido.
Di Lello firmó el miércoles el pedido, que ahora será traducido al italiano en la sede de la Fiscalía nicoleña para luego, tal como disponen las resoluciones PGN 72/99 y 24/12, remitirlo a la Secretaría de Cooperación y Relaciones Internacionales de la Procuración General de la Nación. De allí, el trámite seguirá su curso hacia la Cancillería Argentina, que finalmente remitirá el documento a estado europeo.
Para la concreción del trámite diplomático, la Fiscalía contó con el asesoramiento de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad y con el de la Secretaría de Cooperación y Relaciones Internacionales, reparticiones que fueron convocadas para evitar eventuales errores en los estándares de elaboración de este tipo de pedidos que pudieran retrasar la gestión.
La medida dispuesta por Di Lello se da en el marco de una investigación complementaria abierta por la dependencia del MPF, de acuerdo con las atribuciones que confiere a los fiscales la Ley Orgánica del Ministerio Público, para recabar pruebas en torno de un posible atentado contra Ponce de León. La causa judicial por esos hechos tramita ante el juez federal de Rosario, Marcelo Bailaque, a quien Di Lello remitirá los elementos que logre reunir.
El pedido de colaboración al Vaticano es consecuencia de las gestiones realizadas por la procuradora general, Alejandra Gils Carbó, en la Santa Sede en febrero pasado.
En esa ocasión, antes de reunirse con el Papa Francisco, la jefa de los fiscales encabezó la delegación de funcionarios argentinos que mantuvo un encuentro con representantes de la Iglesia en la Biblioteca de la Secretaría de Estado en el marco del primer acercamiento destinado a establecer mecanismos de cooperación para contar con información relevante archivada en la Santa Sede y poder incorporarla en investigaciones judiciales que se llevan adelante en la Argentina, tras los cambios legislativos impulsados por el sumo pontífice.
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