En la sesión extraordinaria del viernes se aprobó las adecuaciones tarifarias para el transporte público. Además del aumento de la bajada de bandera de taxis y el kilómetro de recorrido de remís, se fijó el boleto único en 5 pesos. En las últimas semanas mantuvieron encuentros integrantes de la empresa Vercelli y concejales para lograr la “tarifa del acuerdo”, lo cual fue inviable.
Ante la aprobación por mayoría de los ediles, consultamos la opinión a la Presidenta de la empresa, Lorena Vercelli, quien manifestó “La aprobación de las tarifas del transporte público fue un acto de autoritarismo y de irresponsabilidad ya que lo hicieron sin ningún tipo de sustento técnico y a sabiendas que el precio es insuficiente e impide que la empresa pueda garantizar la prestación y cumplir todos sus compromisos. Fue una muestra más del incumplimiento de las normas por parte del propio estado que las dicta”.
Agregó que “La empresa trató de consensuar con el HCD una tarifa mínima de equilibrio pero no fue escuchada. Aprobaron un precio que deteriorará la prestación y que obligará a los concejales a tener que resolver esta problemática en muy corto plazo, porque es imposible sostener una prestación con la calidad de la nuestra, con tarifas que están por debajo de los costos de explotación de la empresa”.
“La pregunta que nos hacemos como ciudadanos responsables de nuestra empresa, es porque tanta desigualdad y desprolijidad? Porqué les importa el bolsillo de la gente?!! No creo, porque de ser así deberían ellos aportar lo necesario para permitir que la gente acceda a estas tarifas sin quebrar la ecuación económica financiera de la empresa. Y claramente no lo hicieron”.
“Lo que hicieron es una arbitrariedad. Fijaron tarifas con distinto porcentual de incremento (a dedo), dejaron las de los escolares y jubilados casi gratuitas (0,50 centavos), determinaron que la empresa deberá absorber la mitad del valor de la tarjeta electrónica para no aumentar su valor, etc”
Finaliza Lorena Vercelli expresando que “La empresa no está en contra de la fijación de tarifas sociales, pero el rol social es una responsabilidad del estado (municipal en este caso), no de una empresa privada. Antes de la sesión enviamos nota a cada uno de los concejales mediante la cual les solicitamos que al tratar el incremento tarifario, adecuen su conducta al marco legal vigente. Al no haberlo hecho estamos en condiciones de interponer una demanda contra el municipio y/o contra los miembros del HCD, por el perjuicio que nos provocara su conducta, ya que el art. 194 de la Constitución Nacional establece que responden cada uno solidariamente con el estado municipal. La intención de la empresa era hacer un llamado a la reflexión a los funcionarios, pidiendo lo que no se debería pedir, que cumplan las normas que crearon y que nos vinculan, con el objetivo de dar solución a esta problemática y no perjudicar al usuario del transporte”. Para el cual trabajamos con gran dedicación desde hace más de 40 años brindando un servicio más que satisfactorio, finalizó Vercelli.
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