"La oposición se negó a dar quórum y no pudimos sesionar. Es muy difícil tratar una ley cuando no nos permiten debatir. Pero así y todo vamos a seguir buscando consensos". Pasadas las seis de la tarde de ayer, el presidente de la Cámara de Diputados provincial Horacio González dio por cerrada, con esa crítica, la larga e infructuosa, para el oficialismo, jornada de negociaciones.
Con la oposición abroquelada y decidida a no bajar al recinto, el Frente para la Victoria quedó a sólo dos diputados de conseguir las 47 presencias en el hemiciclo que le permitirían iniciar la sesión convocada para tratar el proyecto de reforma impositiva y ampliación de endeudamiento que giró el Ejecutivo bonaerense.
Fue el final de una larga jornada en la que los despachos y salas de reuniones de la Cámara de Diputados se convirtieron en escenario de múltiples y simultáneos contactos y "roscas" desplegados por los legisladores del oficialismo, que tuvieron su réplica en las oficinas de la Gobernación, donde funcionarios del Ejecutivo también buscaron, en conversaciones telefónicas con referentes opositores, destrabar el complejo escenario.
Ni el radicalismo, ni el FAP, ni el denarvaísmo, ni el PRO Peronismo ni la Coalición Cívica aceptaron "dar número" para habilitar el tratamiento del proyecto. Frente a esa negativa, el oficialismo sólo pudo sumar el respaldo de los tres diputados de Nuevo Encuentro y los números no cerraban: con 42 legisladores propios (por ausencia de Ricardo Montesanti), el FpV necesitaba al menos dos presencias más para conseguir las 47 necesarias para el quórum.
Durante varias horas, con todo, las negociaciones no se dieron por cerradas y finalmente la Cámara baja convocó a una sesión a partir de las 11 de hoy, mientras el oficialismo seguía anoche buscando destrabar el complejo escenario generado.
En el Senado el oficialismo logró imponer su mayoría para aprobar el proyecto "en general", pero en diputados no pudo lograr el quórum y se cayó la sesión prevista para el miércoles. Este jueves harán otro intento, con menos presión de los productores, quienes amenazaron con una medida de alcance nacional.
El proyecto de ajuste posibilita al Ejecutivo recaudar unos 2.685 millones de pesos anuales más, de los cuales unos mil millones se distribuirán entre las comunas, a través de aumentos en los impuestos a los Ingresos Brutos, Sellos e Inmobiliario Rural, además de un revalúo de las propiedades en los campos, y autoriza también al Ejecutivo a contraer nuevos endeudamientos por 2.400 millones de pesos -de los cuales 2 mil serán para la administración provincial y 400 para financiamiento de las comunas a través de la emisión de bonos.
En el Senado el oficialismo logró imponer su mayoría para aprobar el proyecto "en general" y consiguió el respaldo de los bloques de la UCR y el FAP sólo para los capítulos destinados a endeudamiento, que requieren la aprobación de una mayoría especial de dos tercios.
Ahora, en Diputados, las negociaciones desplegadas por el oficialismo apuntan a la bancada radical, cruzada por tensiones internas. Desde el FpV especulan que la presión de los intendentes de la UCR, necesitados de los fondos que derivarán de la aplicación de la ley proyectada, terminará por romper la negativa de esos legisladores a dar quórum.
En el medio de una intensa jornada en la Legislatura bonaerense, donde puede aprobarse la reforma impositiva, con un fuerte revalúo de fiscal de tierras rurales, dirigentes de la Mesa de Enlace, apostados en la puerta de Gobernación, amenazaron con "nacionalizar" mediante un paro su rechazo al proyecto del Ejecutivo.
Así lo manifestó Eduardo Buzzi, titular de Federación Agraria Argentina, al anunciar que “Esta Comisión de Enlace va a consultar a las provincias y a sus representantes la decisión a tomar para que sea no de carácter provincial sino nacional”. Los dichos de Buzzi se produjeron minutos antes de solicitar una reunión con el gobernador Daniel Scioli, la cual le fue negada.
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