El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Subsecretaria de Actividades Portuarias como Autoridad de aplicación en esta área, envió una nota al intendente municipal “fijando su postura legal respecto de la pretendida injerencia y/o competencia municipal en jurisdicción portuaria”.
La semana pasada un grupo de inspectores municipales intentaron ingresar a una zona restringida del puerto, siendo obstaculizada su tarea por el Delegado Portuario, Luís Herrera.
A partir de allí, se desataron una serie de comunicados de autoridades provinciales, tratando de dejar en claro cuáles son los ámbitos de jurisdicción, y que por otra parte, avalaban la posición tomada por el Administrador General del Puerto de San Nicolás.
Por otro lado, en la sesión celebrada el pasado jueves 26 de abril, los concejales (con la ausencia del bloque del PJ) aprobaron la ordenanza 14341 que solicita al Departamento Ejecutivo que se incluya en la Ordenanza Fiscal la actividad de las empresas que operan en la zona portuaria, para el cobro de tributos por inspección, habilitación y tasas.
Teniendo el Departamento Ejecutivo la facultad de iniciar “acciones necesarias para la liquidación y cobro de la tasa por inspección de seguridad e higiene, de los períodos adeudados o evadidos”.
Como fundamento de este proyecto, ahora aprobado, el bloque del Frente Social exponía que municipalidad “en uso de las atribuciones delegadas para la administración de los intereses y servicios”, puede ejercer “en cuanto a la actividad que desarrollan las personas físicas o jurídicas sobre la zona o área portuaria de San Nicolás, el poder de policía referido a la preservación de la seguridad, salubridad e higiene de la población y asimismo la aplicación de la legislación tributaria municipal con relación a los hechos imponibles que regule la misma”.
Los creadores de la ordenanza también sostuvieron que “la finalidad perseguida no es la retribución de un servicio de fiscalización de la actividad o servicios portuarios, ni del equipamiento profesional con el que cuenta, sino la de las tareas de inspección con la finalidad de proveer a la salubridad, seguridad e higiene de la población”.
En este marco, es que el viernes 27 la Subsecretaria de Actividades Portuarias envió una nota formal al intendente municipal dando a conocer la “postura legal de la Provincia de Buenos Aires”, que fue dada a conocer por medio de un comunicado emitido desde la Administración General del Puerto.
Según el comunicado, la nota manifiesta que “no corresponde que las empresas portuarias paguen las tasas que pretende cobrar el municipio”. Por otro lado, sostiene que “el Delegado Portuario de San Nicolás no ha impedido o estorbado a ningún funcionario publico” y que “el acto de relevamiento e inspección en jurisdicción portuaria no es un acto propio de funciones del intendente”.
“Por lo tanto, se considera procedente que el delegado portuario, como administrador de la Delegación Portuaria Paraná Inferior, posee las facultades pertinentes a efectos de impedir el ingreso de personas pertenecientes a la comuna, por los motivos expuesto en el presente informe”.
Por otro lado, bajo fundamentos “jurídicos-constitucionales” indican que “los poderes, atribuciones y responsabilidades de los municipios no depende de los que ellos dispongan en ejercicio de un poder de legislación propio -que no tienen- sino de un poder derivado de la Constitución Provincial”.
Y sostienen en otros de sus puntos que “no corresponde que la Municipalidad de San Nicolás ejerza el poder de policía e imposición dentro del ejido portuario y que tal función la ejerce la autoridad portuaria provincial, razón por la cual solicita que esta Comuna se abstenga de efectuar intimaciones respecto de bienes del dominio publico provincial”.
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