Diputados bonaerenses analizan distintas alternativas en procura de eliminar algunos de esos gravámenes, reducirlos o cambiarles el destino a los fondos que se recaudan por esa vía.
Se trata de imposiciones que en algunos casos se siguen percibiendo para el financiamiento de obras que jamás se iniciaron y ya no se harán, o para atender otras ya terminadas y que incluso su operación fue privatizada. Los millonarios fondos que se recaudan por esos conceptos, según denuncian varios legisladores, van a parar a Rentas Generales del Estado provincial, con lo cual no se estaría cumpliendo la afectación original de estos tributos que pagan en sus facturas todos los usuarios del servicio de energía en la Provincia.
Algunas estimaciones hablan de que por todo concepto, la Provincia estaría embolsando unos 700 millones de pesos al año por el cobro de estos tributos que llegan con la tarifa de electricidad.
Los bonaerenses soportan una carga tributaria, entre impuestos nacionales y provinciales, cercana a un 48 por ciento, mientras que en Córdoba es del 31 por ciento y del 28 por ciento en Capital Federal.
Con las reformas propuestas, la reducción en los gravámenes para los bonaerenses sería de un 22,1 por ciento.
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