Ya es sabido que el estado en algunos tramos de la concesionada Ruta 188 es por lo menos calamitoso, y que se arriesga el conductor en transitarlas. Como muestra bastan las imágenes de cómo hubo que transitar el acceso a la Ruta 9 durante las últimas lluvias. Realmente es temerario porque atentan contra la seguridad vial.
A las banquinas descalzadas, se suman los tramos sin señalizar, y los dudosos reductores de velocidad que se han colocado a pedido de vecinos cansados de los siniestros y el conteo de víctimas fatales.
El Estado debe garantizar la seguridad en las vías de comunicación para quienes las transiten lo hagan libremente.
En el caso que nos ocupa debajo del puente General Valle se forma una pileta con la acumulación de agua de lluvia. Que se repiten donde la superficie no está en condiciones y provocan el peligro “aquaplaning”, la pérdida de adherencia de los neumáticos ante la sorpresiva presencia de espejos de agua.
Fuentes consultadas indicaron que en caso de un siniestro, la concesionaria y el Estado son penalmente responsables de las pérdidas materiales y humanas.
Los baches existentes son de tal magnitud que pueden provocar la rotura de cubiertas y llantas, además de afectar la suspensión y el correcto funcionamiento del tren delantero.
Es paradójico que justo enfrente de esta aberración vial, se realice la obligatoria Verificación Técnica Vehicular, con la cual a cambio del pago de un impuesto, se colabore en el mantenimiento de las carreteras, y se asegura el cumplimiento de la Ley Nacional de Tránsito.
Estas líneas sólo denuncian, advierten, anticipan la situación; para evitar que nos tengamos que ocupar después de luctuosas consecuencias.