El Gobierno ultima los detalles para anunciar entre fines de esta semana y principios de la próxima un nuevo aumento de las jubilaciones, que comenzará a regir en septiembre. El incremento se ubicará en torno al 12%, aunque hasta anoche se trabajaba en el cálculo final de la suba, que surge de la fórmula que establece la Ley de Movilidad Jubilatoria y que dispone dos subas por año, en marzo y septiembre.
Esto implica volcar a la economía alrededor de $ 1.400 millones más por mes ($ 18.200 millones al año), que al ir a los bolsillos de los jubilados tendrá un impacto estimulante pleno sobre el consumo y la actividad económica, en momentos en que la recesión parece un escenario cada vez más probable para los próximos meses.
La jubilación mínima pasaría de los de los $ 1.687 actuales a un monto cercano a los $ 1.890 mensuales. El aumento que se anunciará en los próximos días se sumará al 17,62% de incremento que el Gobierno otorgó en marzo, por lo que sumadas ambas subas arrojan una recomposición de la jubilación en torno al 30%. La cifra está un par de puntos porcentuales por arriba del aumento promedio de las paritarias cerradas durante este año, de alrededor del 25%, al igual que la inflación estimada por las consultoras privadas y varias provincias.
La medida beneficiará a 5,7 millones de jubilados y pensionados y a los ex veteranos de Malvinas. Abarca también a más de 1,1 millón de beneficiarios de pensiones no contributivas. La Ley 26.417 establece para el cálculo de la movilidad jubilatoria dos variables: el índice del aumento general de salarios del último semestre publicado por el Indec o el índice RIPTE que calcula el Ministerio de Trabajo (el mayor de los dos) y, por otro lado el aumento de la recaudación tributaria per cápita de Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).
Desde la puesta en marcha de la Ley de Movilidad Jubilatoria, en 2009, se produjo un aumento total del 144,5% en las jubilaciones. Además, desde 2003 a la fecha, el haber mínimo se incrementó en 1025%.