El gobierno de la provincia de Buenos Aires ha enviado al Senado bonaerense un proyecto para modificar el régimen laboral de la Policía con cambios en los ascensos, las sanciones y las licencias de los 93.000 agentes que integran la fuerza en todo el territorio.
Entre los fundamentos y principales párrafos del texto, el Ejecutivo a cargo de Axel Kicillof explica que el objetivo de la reforma integral de la Ley 13.982 es “contar con una fuerza policial moderna, profesional, con capacitación permanente, orientada al respeto de las leyes y los derechos humanos”.
El proyecto de ley fue elaborado por el equipo del ministro de Seguridad Sergio Berni, a pedido de Kicillof, y tiene como objetivos centrales “mejorar los criterios de ingreso a la fuerza, evitar la discrecionalidad en los ascensos, fortalecer el perfil profesional, generar certeza y previsibilidad en la carrera policial, y ampliar derechos”.
Por otro lado tiene en cuenta poner en marcha una amplia oferta académica de formación de capacitación –gratuita y permanente- en el Instituto Universitario Policial “Comisario Juan Vucetich”.
Además el proyecto propone incluir a especialistas con título universitario de diferentes disciplinas hasta los 35 años, y ampliar los derechos del personal de la Policía Bonaerense en torno a la asistencia psicológica por la afección que pueda causar cualquier hecho durante la prestación de servicios.
En cuanto a las obligaciones “se incorpora el deber de comunicar en forma inmediata un hecho delictual a los números de emergencia, aún cuando el personal no se encontrare prestando servicios, así como también el deber de conocer y desempeñar su labor policial incorporando la perspectiva de género y el respeto a los derechos humanos”.
“Es una reforma pensada para modificar estructuralmente a la institución policial, reconociendo su historia, su rol y la necesidad de su perfeccionamiento en el marco de una política de seguridad pública con eje en la prevención del delito, la seguridad de los ciudadanos bonaerenses y la consolidación del Estado de derecho en la provincia de Buenos Aires”, concluye el documento.
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