Este jueves el sindicalista y concejal Maximiliano Cabalayro fue sometido a pericias psicológicas y psiquiátricas, a pedido de la fiscal María del Valle Viviani, titular de la UFI N° 7 de San Pedro.
Tanto Cabaleyro como Fernando Espíndola permanecen detenidos en la sede de la DDI de San Nicolás en el marco de la causa en la que están imputados por “extorsión y coacción” tras la denuncia de la empresa Rey Distribución.
Ambos permanecen en esa dependencia policial porque no se generó cupo en las cárceles del Servicio Penitenciario de San Nicolás, Campana o Junín, donde la jueza de Garantías dispuso que se los traslade luego de denegar la solicitud de excarcelación que interpuso el abogado que los representa, Mauricio Gugger, una vez que prestaron declaración indagatoria.
La semana del 9 de mayo será la audiencia en que la jueza María Eugenia Maiztegui deba resolver si decide mantenerlos detenidos con prisión preventiva mientras se sustancia el proceso que derivará en juicio, puesto que se vencen los plazos previstos en el Código Procesal Penal bonaerense.
La fiscal hizo uso de la prórroga disponible, por lo que se tomó el mes completo para reunir los elementos probatorios que le permitan solicitar la prisión preventiva para ambos acusados. Con esas pruebas, irá a la audiencia para pedir que permanezcan detenidos por lo menos durante ocho meses, plazo en el que debería elevar la causa a juicio o bien la defensa podrá plantear la excarcelación.
El abogado Mauricio Gugger adelantó que se opondrá al pedido de prisión preventiva con el argumento de que si bien los hechos registrados en la causa existieron y “son innegables”, consideran que no hay delito alguno en ellos.
“Hay un acuerdo de pago, que es un proceder normal de un sindicato”, dijo sobre el presunto “pedido de coima”.
“La Fiscalía entiende otra cosa, estamos viendo una misma cosa con distintos puntos de vista”, señaló Gugger.
Respecto del presunto delito de “turbación de la propiedad” consideró que hay allí también una “contraposición de derechos”, puesto que él entiende que el sindicato de Camioneros hizo uso a su derecho a la huelga y a la protesta (fuente: laopinionsemanario.com.ar).
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