El Consejo Directivo de la Confederación General del Trabajo de la República Argentina Delegación Regional San Nicolás-Ramallo, emitió un comunicado respecto de la situación procesal del dirigente sindical y concejal Maximiliano Cabaleyro.
“La Confederación General del Trabajo sostiene el respeto irrestricto al Estado de Derecho, siendo la actividad de la Justicia, un Poder esencial del Estado. La actividad jurisdiccional debe ser ejercida en cumplimiento de la Constitución Nacional, pactos internacionales y legislación general, y el respeto por las normas debe ser la base de todas las relaciones humanas, en donde la paz social es el pilar fundamental del crecimiento de nuestro país”.
“A nadie escapa que la actividad política jurisdiccional, muchas veces ha dependido del color o tinte político de quienes gobiernan. Siendo un hecho bochornoso, cómo funcionarios políticos en una mesa decidían a modo de un reality show, el armado de causas judiciales persiguiendo a dirigentes sindicales”.
“Ahora bien. En este contexto la detención y pérdida de la libertad de una persona, debe darse respetando tres principios constitucionales: La igualdad ante la ley, El debido proceso legal y el principio de inocencia: nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario”.
“Las normas procesales exigen un análisis meticuloso para disponer de la medida cautelar de la pérdida de libertad ambulatoria mientras se sustancia el proceso, donde cobran especial relevancia las cuestiones relacionadas con el entorpecimiento de la investigación y el riesgo de fuga”.
“En el caso del compañero Cabaleyro, siendo secretario general de un gremio, por elecciones libres y democráticas, y concejal en ejercicio, en elecciones libres y democráticas, con arraigo familiar en esta ciudad, hecho de público y notorio conocimiento; y quien no ha dado muestras de una férrea defensa, no ha ofrecido pruebas, ni discutido la calificación legal de los hechos, solo se limitó a estar en derecho, y ponerse prontamente a disposición de la autoridad, de ninguna manera podría entorpecer la Investigación Penal Preparatoria”.
“La CGT se solidariza con el gremio hermano de Camioneros, en la evidencia de que hay una intencionalidad que excede el marco de la causa judicial, ya que lejos de analizarse con la estrictez que la medida cautelar ameritaba, se soslayó la calidad de concejal en ejercicio, y se tuvieron en cuenta parámetros absurdos en el análisis de la detención, ya que la misma deviene innecesaria ante las situaciones objetivas de arraigo y de ausencia de entorpecimiento de la investigación penal, pidiendo la inmediata liberación hasta que concluya la investigación y eventualmente en debate oral, con las garantías del debido proceso, se haga cesar el estado de inocencia”.
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