Desde su implementación, la Ley de Alquileres no conformó a nadie. Tanto propietarios como inquilinos se mostraron incómodos con la normativa, y el mercado reaccionó con una caída masiva de la oferta.
Esta semana comienza el debate de la ley, donde oficialismo y oposición buscarán alcanzar en un plazo de 30 días un proyecto consensuado, entre más de 10 iniciativas que diferentes diputados presentaron en los últimos años.
Ambos sectores coincidieron en la necesidad de cambiar dos artículos de la ley vigente: la duración de los contratos (que pasó de dos a tres años) y el ajuste anual de los precios por una fórmula que combina 50% inflación (IPC) y 50% variación salarial (índice Ripte). Esa idea también fue apoyada por el sector inmobiliario.
Germán Crigna, expresidente del Colegio de Martilleros y propietario de inmobiliaria en San Nicolás, dialogó con Radio Net y sostuvo que "el tema es complejo". Y afirmó: "Se trata de un derecho fundamental, que es el derecho a la vivienda; no se puede tratar a la ligera o caprichosamente o viendo solamente lo que pasa en capital".
Además, se rechazaron iniciativas como el impuesto a la vivienda ociosa o la fijación de un tope a los valores de los alquileres. Y propusieron implementar políticas de fomento a la inversión en viviendas destinadas para alquiler y facilitar el acceso a la vivienda mediante créditos blandos.
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