La senadora provincial Elisa Carca presentó un proyecto de declaración en el 34º aniversario del trascendental día. La legisladora que forma parte de la comisión de DDHH de la cámara hizo memoria de aquel hito histórico.
En los considerandos el proyecto expresa su hondo recuerdo al conmemorarse, el día 15 de diciembre de 2017, el 34° aniversario del dictado del Decreto 187/1983, por parte del entonces, recién asumido, presidente de la Nación, Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, a través del cual se instituyó la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de Personas (CONADEP), dando cabal cumplimiento a su compromiso de campaña sobre la necesidad de investigar los delitos cometidos por el terrorismo de estado.
El órgano creado se integró con personalidades caracterizadas por su celo en la defensa de los derechos humanos y por su prestigio en la vida pública del país, con el alto mandato de conocer los hechos relacionados con el plan sistemático de desaparición de personas instaurado por la dictadura cívico–militar que asoló al país entre 1976 y 1983.
FUNDAMENTOS
HONORABLE SENADO: Manifestamos nuestro hondo recuerdo al conmemorarse, el día 15 de diciembre de 2017, el 34° aniversario del dictado del Decreto 187/1983, por parte del entonces presidente de la Nación, Dr. Raúl Ricardo Alfonsín, a través del cual se instituyó la Comisión Nacional sobre la Desaparición Forzada de Personas, dando cumplimiento a su a su compromiso de campaña sobre la necesidad de investigar los delitos cometidos por el terrorismo de estado.
El órgano se conformó con personalidades caracterizadas por su defensa de los derechos humanos, así como por su prestigio en la vida pública del país, con el alto mandato de conocer los hechos relacionados con el plan sistemático de desaparición de personas instaurado por la dictadura cívico–militar que asoló al país entre 1976 y 1983.
La funciones de la CONADEP consistieron en: recibir denuncias y pruebas sobre desaparición de personas, remitiéndolas inmediatamente a la Justicia; averiguar el destino o paradero de esas personas, ubicar a niños sustraídos de la tutela de sus padres o guardadores - a raíz de acciones emprendidas con el motivo alegado de reprimir al terrorismo -, dando intervención, en su caso, a los organismos y tribunales de protección de menores; denunciar ante la Justicia cualquier intento de ocultamiento, sustracción o destrucción de elementos probatorios y emitir un informe final, con una explicación detallada de los hechos investigados. Este informe final quedó plasmado en el libro “Nunca Más”.
La norma de creación de la Comisión asesora estableció, también, la prohibición de emitir juicios sobre hechos y circunstancias que fueran materia exclusiva del Poder Judicial, garantizándose de esa manera la división de poderes del Estado.
Asimismo, se facultó al órgano para requerir a todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, de sus organismos dependientes, de entidades autárquicas y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, informes, datos, documentos y el acceso a los lugares que la Comisión dispusiera visitar a los fines de su cometido, quedando los funcionarios y organismos obligados a proveer esos informes, datos y documentos y a facilitar el acceso pedido.
La Comisión, presidida por Ernesto Sabato, se integró, además, con Ricardo Colombres, René Favaloro, Hilario Fernández Long, Carlos T. Gattinoni, Gregorio Klimovsky, Marshall Meyer, Jaime F. de Nevares, Eduardo Rabossi, Magdalena Ruiz Guiñazú y representando al Congreso Nacional, Horacio Huarte, Santiago Marcelino López y Hugo Piucill. Ejercieron como Secretarios, Graciela Fernández Meijide, Daniel Salvador, Raúl Peneón, Alberto Manzur, Leopoldo Silgueira y Agustín Altamiranda.
La labor realizada por esta comisión resultó indispensable para recopilar datos que la Justicia tomó en cuenta, entre otras pruebas para juzgar y condenar a los responsables del asesinato y desaparición de tantas personas.
La propuesta fue votada por unanimidad en la Cámara de Senadores bonaerense.
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