La Cámara Federal porteña ordenó reabrir el tramo central de la causa que investigaba el vacunatorio VIP que funcionó en el Hospital Posadas y el Ministerio de Salud, que había sido archivado por la jueza María Eugenia Capuchetti, y dispuso que se investigue la responsabilidad de quienes se vacunaron.
Con las firmas de Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia, la Cámara hizo lugar a un planteo del fiscal de investigaciones administrativas, Sergio Rodríguez, que había cuestionado el fallo de Capuchetti.
En cuanto a quienes se beneficiaron con vacunas anticipadas y sobre quienes la jueza decidió no avanzar, el tribunal dijo: “El mero juzgamiento ético es superado por otro, propio de este ámbito penal. Ese examen, cercenado de modo anticipado, es el que corresponde efectuar encarando un análisis que sea completo e integral”.
Los camaristas dijeron que “será necesario indagar” qué personas fueron vacunadas según los estándares impuestos por el Plan de Vacunación y “quiénes se adelantaron por algún beneficio que les fue singular”. Y afirmaron: “Sobre estos últimos deberá enfocarse la investigación. Y ello no solo al describir el objeto del proceso, sino también en cuanto a los sujetos pasivamente legitimados pues, como señaló la PIA, es posible leer allí una eventual participación que reclama ser despejada. Máxime cuando se desconoce, además, en qué carácter fueron vacunados, si esa cualidad fue real o asignada al solo efecto de burlar los requisitos del sistema de vacunación implementado y, en este caso, si esa ficción fue así declarada por el beneficiario o por quien tenía la labor de carga de los datos oficiales”.
La Cámara se refiere a que muchos de los vacunados -entre ellos, el presidente Alberto Fernández y el procurador del Tesoro, Carlos Zannini- fueron anotados como “personal de salud”. Deberá investigarse ahora si ellos mismos se definieron como tales cuando no lo eran.
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